Por Prof. Juan Eduardo Lenscak, Ex Director de Minoridad y Familia.
El Ministro de Gobierno, Lorenzo Elbio Borrini, volvió a mostrar su concepción ideológica profunda al insistir con bajar la edad de imputabilidad a los menores. Recientemente un ministro del Superior Tribunal de Justicia, refiriéndose al tema, se lamenta que hayan adquirido rango constitucional los derechos del niño, considerándose tales a quienes tengan hasta 18 años; razón por la cual ve muy difícil que pueda materializarse este anhelo y modalidad de contención juvenil planteado por el Ministro.
El planteo no es nuevo, tampoco es exclusivo de los referentes del Proceso de Reorganización Nacional, aunque los expresa con coherencia. En nuestra provincia, esta concepciòn hizo crisis con la muerte de ocho jóvenes incinerados en la Comisaría del Menor, por lo cual quedó aletargado.
Pero volvió a aparecer, y en boca del mismo Ministro, con el caso del chico Pedro Delvalle en Clorinda, y con el tratamiento de la nueva ley del niño y del adolescente en el 2004.
En aquella oportunidad participè de la redacción de un documento suscripto por el Observatorio de Derechos Humanos, que hoy viene como anillo al dedo para refrescar datos y principios constitucionales por más que se lamenten nuestras autoridades provinciales por su contundencia y su vigencia.
Este es el texto publicado hace tres años atràs:
Como Organizaciones de la Sociedad Civil, miembros del Observatorio de Derechos Humanos, ante el debate ciudadano de actualidad sobre la edad de imputabilidad de los menores que se discute en el Congreso Nacional, queremos expresar nuestro aporte:
· No creemos que atacando los efectos resolvamos las causas de la inseguridad. Nuestro Congreso Nacional ha derogado penas para los delitos de subversión económica, amparando a los artífices y las causas de nuestra actual situación económica y social. Y ahora se pretenden solucionar los efectos, castigando a uno de los sectores de mayor vulnerabilidad y de mayor incidencia de los efectos negativos del modelo de saqueo y corrupción institucional impuesto por la fuerza durante la dictadura y legitimado por la distorsión del sistema de participación democrática indirecta en la actualidad.
· Formosa tiene una proporción de niños, adolescentes y jóvenes que constituyen casi la mitad de la población provincial. Más del 84 % de ellos son pobres; en un marco social de la más escandalosa inequidad distributiva, con ricos que poseen un ingreso 52 veces superior al de los pobres (el mayor del país); con el índice de desarrollo humano ampliado más bajo y los últimos lugares en tasas de mortalidad materno infantil. En nuestra provincia muere casi un chico recién nacido por día, cuando la mayor parte de las causas de muerte (el 71%) son evitables. Estos son los resultados del modelo de exclusión que hemos sufrido. Y hoy hay quienes quieren legitimar a través de leyes, la impunidad de los autores de este modelo y que se reprima a sus víctimas más indefensas.
· Ya tuvimos un holocausto de menores en Villa Jardín. No queremos repetir otro ni que se replique en otra provincia. Y menos aún, legalizar a nivel nacional las condiciones que lo generan.
· No queremos que en democracia se instaure una legislación de menores aún más represiva que la puesta en vigencia en la dictadura. Si hoy con la legislación que tenemos, los chicos de la calle son perseguidos como delincuentes; y si hoy en Formosa- los únicos funcionarios que no cambian son los encargados de la represión, imaginemos el poder que obtendrán con una legislación que les otorgue mayores facultades.
· Hay quienes ponen de ejemplo a los EEUU en materia de legislación sobre imputabilidad de menores. Nada menos que a la única nación que no suscribió la convención internacional de los derechos del niño; la que tiene los mayores índices de violencia criminal interna; la que no puede, a pesar de instrumentar mayores penas disminuir sus indicadores; y lidera en el mundo los más aberrantes ejemplos de atropello, invasión, y genocidio.¿Este es el ejemplo que debemos imitar?
· No hay argumentos serios que prueben que los delitos aberrantes puedan morigerarse con la disminución de la edad de imputabilidad de los menores. Ni tampoco existen datos que demuestren que los adolescentes y jóvenes son los responsables de los más aberrantes crímenes de secuestros y violaciones seguidos de muerte. Los datos nos muestran por el contrario que siempre hay adultos que conducen estos grupos y en algunos casos, policías o miembros de las fuerzas de seguridad.
· Quien sostiene que un chico de 14 años es responsable pleno penalmente, ¿puede sostener también, siendo coherente con el concepto de responsabilidad adulta, que estos menores están en condiciones legales para elegir y ser elegidos, emanciparse económicamente, integrar las fuerzas armadas, manejar vehículos, armas, etc.?
Por todo ello no estamos de acuerdo con esta política de los nuevos Herodes que sacrifican inocentes con la excusa de la seguridad, ocultando sus verdaderas intenciones de reprimir la aparición de un liderazgo que conduzca a nuevo modelo de convivencia social basado en el compartir equitativa y solidariamente los bienes.
Nos adherimos, en este sentido a la propuesta del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, quien sostiene que “es necesaria una profunda reforma de las fuerzas de seguridad, de la policía ,tanto de la Federal, como la Bonaerense y las Provinciales, la gendarmería y prefectura; modificar los planes de estudio y la participación social. Fuerzas que fueron constituidas como de prevención y seguridad social, fueron transformadas en fuerzas de represión.
Sin esos cambios no se logrará avanzar en la seguridad social y en la prevención y protección contra el delito. Deben investigarse las "agencias de seguridad privadas" y la connivencia de la policía con las mafias, las drogas, tráfico de armas y el delito organizado. A esto se suma la asociación de ciertos sectores del poder judicial por su inacción en las investigaciones.
Debemos rechazar el proyecto y las campañas hipócritas de aquellos que pretenden bajar la edad de imputabilidad a los menores a 14 años; que hiere las conciencias y provocará mayores males y no la solución de los problemas existentes”.
Y adherimos a la propuesta del Miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Dr Norberto Liwski quien propone en la actualidad:
A) La necesidad de establecer la postergada ley de protección integral de los derechos del niño y del adolescente cerrando de esta manera el ciclo histórico de la ley de patronato de menores y sus expresiones jurídicas e institucionales.
B) Convertir en ley el Programa Nacional de Adolescencia e Integración Social destinado a jóvenes pertenecientes a familias por debajo de la línea de pobreza que no trabajan ni estudian.
C) Implementar un nuevo régimen de responsabilidad penal Juvenil aplicable a personas menores de 18 años que contemple los principios de: inimputabilidad de los menores de edad de 16 años y anule toda forma de discrecionalidad judicial por debajo de esta edad.
Dado en Formosa, en el mes de mayo del año 2004”
Felizmente la nueva legislación nacional no se plasmó de acuerdo al marco ideológico del modelo formoseño de hombre nuevo sustentado por su ministro de Gobierno y hasta por autoridades judiciales en el tema de menores.
Lo cual, frente al asfixiante panorama institucional que padecemos en la Provincia, no deja de ser un indicador positivo.
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